Una despenalización razonable
(…)En breve, es en nombre de aquellos
que abusan del consumo de drogas, de la invariable disponibilidad de sustancias
ilícitas y de un impresionante y poco confiscado volumen de narcodólares que se
viene justificando y librando una prolongada “guerra contra las drogas”, que ha
resultado un fracaso estrepitoso a nivel planetario.
Esta “guerra” descansa en un prohibicionismo que apunta a lograr la quimera de
una sociedad plenamente abstemia: un paraíso terrenal “libre” de drogas. Esta
meta (inalcanzable) se pretende obtener mediante una severa política punitiva
en todos los países. Pero es bueno no confundirse: la prohibición actual –como
tantas otras en distintos momentos históricos– no es homogénea, constante ni
impoluta. El prohibicionismo vigente es impuro, desequilibrado y turbio.
Un lucrativo negocio para pocos
(…) Los grupos humanos vulnerables que de algún modo son fuertemente castigados por una prohibición de doble rasero terminan muertos, en las cárceles, sin acceso a la salud y carentes de oportunidades alternativas de una vida digna. Los que obtienen beneficios jugosos de un emporio ilegal gozan de sus lujos e inversiones intocadas, a pesar de la parafernalia de normas y restricciones de diverso tipo; de su fama social entre clases pudientes que suelen darles la bienvenida a los “nuevos ricos”; de su inserción económica y política en los intersticios entre la ilegalidad y la legitimidad y ante un Estado parcialmente inmovilizado por la colusión de intereses entre algunos funcionarios y las organizaciones criminales; de su poder de cooptación y corrupción nacional e internacional, y de las garantías de defensa personal que se proveen a través del mercado desregulado de armas ligeras y el avance de los compañías privadas de seguridad.(…) Por ello, no existe un “buen” prohibicionismo y la mejor “guerra contra las drogas”: no se puede retocar parcialmente u optimizar significativamente el actual paradigma en materia de drogas; hay que reformularlo.
En ese contexto, el debate sobre la despenalización de las drogas que se ha abierto en el Congreso es, sobre todo, bienvenido. Pero, cabe una precisión inicial: despenalizar es distinto a legalizar. La legalización implica la liberalización completa de las drogas. Puede adoptar distintas formas y tiene diferentes alcances. (…) puede ser una legalización con un Estado regulador y un esquema competitivo de comercialización dejado al libre mercado.
La despenalización, por su parte, es una iniciativa que modifica específicamente la legislación de drogas: puede despenalizarse la dosis personal de sustancias psicoactivas ilícitas, al tiempo que no se altera lo que corresponde a la persecución y desmantelamiento de la criminalidad organizada.
(…)El debate legislativo argentino es sólo sobre la despenalización de la dosis personal y no sobre la legalización de las drogas. Todo intento por sobredimensionar la naturaleza y el alcance de las principales ponencias en curso tiene por objetivo generar miedo ciudadano, eludir la polémica pública y preservar un statu quo impúdico en detrimento de los más vulnerables, desprotegidos y marginales. Que no haya duda: se trata de una cuestión política y ética. Mantener la actual lógica de abordaje del fenómeno de las drogas nos llevará a un precipicio que ya han conocido muchos países de la región. La despenalización de la dosis personal es un paso prudente y promisorio.
Se necesita una política concreta del Estado
La literatura sobre el tema ya ha identificado y reconocido el conjunto de factores de riesgo que inciden en el uso y abuso de las drogas. Se trata, a partir de un nuevo enfoque posdespenalización, de establecer y aplicar los factores de protección que ayuden a superar el recurso y la adicción a las sustancias psicoactivas declaradas ilegales. Si la despenalización es razonable desde el lado de la sociedad, es exigente en lo que hace al Estado: de aprobarse la legislación en curso el país debe concretar a la brevedad un plan integral en materia de drogas: plan hoy inexistente. En esa dirección, sería interesante contemplar tres ideas directrices.
Primero
(…) Se trata, en cambio, de entrelazar los regímenes globales existentes. Esto implica que las medidas que emanan de un régimen –por ejemplo, el de drogas ilícitas– deben cuestionarse y no deben implementarse si entran en colisión con el régimen de derechos humanos, con el de medio ambiente, con el de salud, entre otros.
Segundo
Siempre es bueno tener en cuenta que la mejor política antinarcóticos es una buena política pública en materia de educación, empleo, seguridad ciudadana democrática, lucha contra la corrupción, relaciones cívico-militares, entre otras. (…)
Un lucrativo negocio para pocos
(…) Los grupos humanos vulnerables que de algún modo son fuertemente castigados por una prohibición de doble rasero terminan muertos, en las cárceles, sin acceso a la salud y carentes de oportunidades alternativas de una vida digna. Los que obtienen beneficios jugosos de un emporio ilegal gozan de sus lujos e inversiones intocadas, a pesar de la parafernalia de normas y restricciones de diverso tipo; de su fama social entre clases pudientes que suelen darles la bienvenida a los “nuevos ricos”; de su inserción económica y política en los intersticios entre la ilegalidad y la legitimidad y ante un Estado parcialmente inmovilizado por la colusión de intereses entre algunos funcionarios y las organizaciones criminales; de su poder de cooptación y corrupción nacional e internacional, y de las garantías de defensa personal que se proveen a través del mercado desregulado de armas ligeras y el avance de los compañías privadas de seguridad.(…) Por ello, no existe un “buen” prohibicionismo y la mejor “guerra contra las drogas”: no se puede retocar parcialmente u optimizar significativamente el actual paradigma en materia de drogas; hay que reformularlo.
En ese contexto, el debate sobre la despenalización de las drogas que se ha abierto en el Congreso es, sobre todo, bienvenido. Pero, cabe una precisión inicial: despenalizar es distinto a legalizar. La legalización implica la liberalización completa de las drogas. Puede adoptar distintas formas y tiene diferentes alcances. (…) puede ser una legalización con un Estado regulador y un esquema competitivo de comercialización dejado al libre mercado.
La despenalización, por su parte, es una iniciativa que modifica específicamente la legislación de drogas: puede despenalizarse la dosis personal de sustancias psicoactivas ilícitas, al tiempo que no se altera lo que corresponde a la persecución y desmantelamiento de la criminalidad organizada.
(…)El debate legislativo argentino es sólo sobre la despenalización de la dosis personal y no sobre la legalización de las drogas. Todo intento por sobredimensionar la naturaleza y el alcance de las principales ponencias en curso tiene por objetivo generar miedo ciudadano, eludir la polémica pública y preservar un statu quo impúdico en detrimento de los más vulnerables, desprotegidos y marginales. Que no haya duda: se trata de una cuestión política y ética. Mantener la actual lógica de abordaje del fenómeno de las drogas nos llevará a un precipicio que ya han conocido muchos países de la región. La despenalización de la dosis personal es un paso prudente y promisorio.
Se necesita una política concreta del Estado
La literatura sobre el tema ya ha identificado y reconocido el conjunto de factores de riesgo que inciden en el uso y abuso de las drogas. Se trata, a partir de un nuevo enfoque posdespenalización, de establecer y aplicar los factores de protección que ayuden a superar el recurso y la adicción a las sustancias psicoactivas declaradas ilegales. Si la despenalización es razonable desde el lado de la sociedad, es exigente en lo que hace al Estado: de aprobarse la legislación en curso el país debe concretar a la brevedad un plan integral en materia de drogas: plan hoy inexistente. En esa dirección, sería interesante contemplar tres ideas directrices.
Primero
(…) Se trata, en cambio, de entrelazar los regímenes globales existentes. Esto implica que las medidas que emanan de un régimen –por ejemplo, el de drogas ilícitas– deben cuestionarse y no deben implementarse si entran en colisión con el régimen de derechos humanos, con el de medio ambiente, con el de salud, entre otros.
Segundo
Siempre es bueno tener en cuenta que la mejor política antinarcóticos es una buena política pública en materia de educación, empleo, seguridad ciudadana democrática, lucha contra la corrupción, relaciones cívico-militares, entre otras. (…)
Tercero
En última instancia la polémica prohibición o legalización es ideológica y puede tornarse cada vez más dogmática. (…) se busca desagregar el universo de las drogas ilícitas existente, pues no todas son idénticas en su naturaleza y efecto. Por lo tanto, se requiere el establecimiento de distintos regímenes.
Juan Gabriel Tokatlian / Sociólogo. Master en Relaciones Internacionales y profesor universitario
Director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Di Tella.
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